Estimados lectores:
Me complace presentarles un nuevo número del boletín informativo de Maastricht Blog on
Transitional Justice (MBTJ). En este número deseo realizar unas breves reflexiones acerca de dos de
las cuestiones que han llamado mi atención durante estos meses: el comienzo del juicio contra los
presuntos responsables de la masacre cometida el 28 de septiembre de 2009 en Conakri, Guinea; y
la investigación y enjuiciamiento por los crímenes de guerra cometidos en Ucrania desde el
comienzo del conflicto armado en febrero de este año.
En mi entrada del 20 de agosto de 2021 señalé que al menos 156 personas fueron asesinadas o
desaparecidas, 109 mujeres fueron violadas, y muchas otras personas resultaron víctimas de tortura,
de detenciones arbitrarias, y de actos de pillaje durante la represión contra la manifestación pública
congregada en el Estado Nacional de Conakri el 28 de septiembre de 2009. También señalé que, si
bien la investigación penal llevada a cabo por las autoridades locales había terminado en diciembre
de 2017 y determinado que 13 de los 15 imputados serían llevados a juicio, 40 meses después de la
conclusión de la investigación, el juicio ni había comenzado, ni se había fijado la fecha de inicio. En
razón de tales circunstancias, planteé el interrogante de si ya no era hora de que el Fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI) terminara la investigación preliminar de la situación en Guinea y procediera
a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para comenzar una investigación
completa al respecto. Ahora bien, en julio de este año, el nuevo gobierno de Guinea (surgido como
consecuencia del golpe militar del 5 de septiembre de 2021) ordenó que el juicio debía comenzar
este año y, en consecuencia, se fijó como fecha de inicio el 28 de septiembre, en ocasión del décimo
tercer aniversario de la masacre. El juicio ha comenzado y, así las cosas, el Fiscal de la CPI decidió
terminar la investigación preliminar. Ahora solo nos resta esperar que el tribunal actuante cuente
con los recursos necesarios para llevar a cabo un juicio de tal magnitud y que lo lleve en un todo de
acuerdo a las normas internacionales sobre debido proceso penal. Aprovecho esta ocasión para
observar que, sin perjuicio de deber cumplir con la obligación internacional de investigar y sancionar
a las personas responsables de la masacre, Guinea debe proceder a reparar el daño causado a las
víctimas, ya que esto todavía no ha sucedido. Ello es así porque, de acuerdo al derecho
internacional, las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cuentan con el derecho a
obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida en razón del daño sufrido. Espero que Guinea
proceda a cumplir con esta obligación sin más.
Huelga explicar que la investigación de crímenes de guerra y el posterior enjuiciamiento de las
personas presuntamente responsables son actividades complejas; sobre todo, cuando el conflicto
armado en el contexto del cual los crímenes se han cometido no ha terminado, cuando los crímenes
se han cometido a gran escala, y cuando gran parte de la prueba de tales crímenes se encuentra en
territorio ocupado militarmente por los perpetradores. Y exactamente este es el contexto en el cual
se están investigando los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Posiblemente ustedes
recuerden la atención periodística generada por la investigación abierta por el Fiscal de la CPI al
respecto, al mismo tiempo que poco se había dicho -y se sigue diciendo- acerca de la posibilidad de
que la investigación y enjuiciamiento sean llevados a cabo principalmente por las autoridades
ucranianas. Si no han leído la entrada de nuestra colaboradora Harriet Salem en tal sentido, les
recomiendo hacerlo ahora. Harriet nos dice, en esencia, que todos los caminos no necesariamente
deberían conducir a La Haya.
Cordialmente,
Fabián O. Raimondo
Editor Ejecutivo Maastricht Blog on Transitional Justice